El presidente Biden ha tenido más éxito que sus predecesores en la política de aislamiento de China y Rusia de Europa. La guerra de Ucrania ha dado la vuelta a las relaciones comerciales mundiales y la UE camina hacia un proceso de reglobalización y autonomía estratégica que será doloroso, pero que también abre la oportunidad de transitar hacia un modelo más cooperativo y social. Este difícil contexto geopolítico se une a un palpable e igualmente problemático cambio climático. ¿Es posible para España trazar una hoja de ruta de éxito en aguas tan agitadas? La respuesta es sí. España cuenta con ventajas comparativas para culminar una transición verde con éxito si sabe jugar bien sus cartas y no se pierde en el laberinto de las infraestructuras de interconexión energética con Europa. Asimismo, contar con una buena Ley de Vivienda, aunque parezca paradójico, es una de las piezas clave para triunfar en la transición digital. Desgraciadamente en este apartado la aritmética de la demoscopia electoral juega a la contra.
Las hostilidades soterradas entre el hegemón estadounidense y la aspirante China han emergido a la superficie tras el éxito del presidente Biden en terminar con un mundo globalizado y avanzar en el aislamiento del gigante asiático. Se ha conseguido ahora lo que no logró Obama con el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica). Ni tampoco Trump con sus aranceles y sanciones comerciales que, paradójicamente, la Administración actual ha mantenido a pesar de la furibunda crítica que en su día recibieron de relevantes economistas próximos al Partido Demócrata. Curiosamente, ha sido la presión ejercida sobre la zona de seguridad alrededor de la frontera rusa la que ha hecho saltar el tablero de juego de las relaciones comerciales globalizadas tras la anexión de Crimea y la guerra abierta en Ucrania.
Al igual que le ocurrió a Irak tras el atentado de la Torres Gemelas por un comando saudí, China ha sido el destinatario del “nuevo concepto estratégico” de la Alianza sin haber tenido nada que ver en la guerra en Ucrania. La falta de una democracia liberal al estilo Occidental se ha presentado como la razón principal para colocar al gigante asiático en el grupo de países no confiables. Pero contra este principio muchas piezas no encajan. Por ejemplo, mientras duró la Unión Soviética el suministro de gas ruso a Europa no se cortó ni en los momentos más fríos de la Guerra Fría y China fue la nación más favorecida por Estados Unidos. El gigante asiático se ha convertido en su principal rival no por su organización autocrática. Los gobiernos norteamericanos nunca han hecho asco a los regímenes autoritarios siempre que sirvieran a sus intereses.
La rivalidad nace más bien del rechazo chino a que el desarrollo tecnológico estuviera gobernado por mercados abiertos, donde las grandes corporaciones norteamericanas parten con una amplia ventaja de salida. El éxito del dirigismo tecnológico -con crédito ilimitado para financiar a los sectores punteros- ya le costó a Japón, una democracia liberal, la amonestación estadounidense. Como resultado el crédito de los bancos japoneses viró en los años noventa de financiar la industria hacia los activos inmobiliarios provocando una gran burbuja y crisis financiera de la que Japón aún no se ha recuperado cuatro décadas después.
¿A quién se aísla verdaderamente a China y Rusia o a Europa?
Europa y no China ni Rusia, es la principal represaliada a corto y medio plazo en un mundo menos global. En efecto, la Unión Europea (UE) es una gran potencia comercial. Su fortaleza se basa en un mundo abierto con libertad comercial que permita acceder a bienes de consumo intensivos en trabajo y materias primas baratas para transformarlas en productos de alto contenido tecnológico que en parte se reexportan y que, en conjunto, permiten generar un alto nivel de vida. Intereses ajenos la han convertido en campo de batalla en la que los líderes europeos se han visto compelidos a aceptar una política de hechos consumados contraria a los intereses del viejo continente y que el sabotaje al Nord Stream les ha dejado claro que no tiene vuelta atrás.
La redefinición de las cadenas internacionales de suministro enfrenta a Europa a una pérdida de nivel de vida, a suministros más caros que mantendrán alta la inflación durante un largo período y recortarán el poder de compra de los salarios, aumentando el volumen e intensidad de la pobreza y la conflictividad social. El encarecimiento es claro en la energía, pero en el futuro es muy probable que se amplie a más productos cuando las crecientes y extraterritoriales sanciones estadounidenses -que los ejecutivos de las empresas europeas tienen que acatar sino quieren ser detenidos por los agentes norteamericanos-, provoquen una respuesta de China y los países de su órbita de influencia.
Por contra, el país más beneficiado por la actual situación es Estados Unidos. Está consiguiendo aislar a su principal rival. Ha ubicado el campo de batalla fuera de su territorio y no ha tenido que entrar en una confrontación directa. Aumenta sus ventas de gas natural licuado y ha conseguido el compromiso europeo de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, sabiendo que una parte se gastará en su supermercado de armamento (25.000 millones en el caso español). En paralelo, la apreciación del dólar ha puesto a todas las economías emergentes e incluso a Europa a expensas de la financiación de la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional, lo que le permite ejercer un soft power a través de las necesidades de financiación en dólares. Muy probablemente será el desafío al dólar como divisa hegemónica en los intercambios internacionales donde se jugará la siguiente batalla.
Un modelo económico europeo más social y cooperativo
La decisión de autonomía estratégica adoptada por la UE puede convertirse en una palanca para cambiar el modelo de crecimiento europeo por otro más respetuoso con los derechos sociales y con el medio ambiente. Alemania impuso un modelo económico basado en economías orientadas a la exportación donde la demanda externa, en lugar de la interna, es el motor del crecimiento económico. Este esquema, unido a un Mercado Interior donde se producen la mayoría de los intercambios internacionales, ha obligado a los países miembro a desarrollar políticas de desregulación laboral y social para mejorar la competitividad de las empresas exportadoras y ganar cuota de mercado y dinamismo económico a costa del vecino.
El primero en hacerlo fue el gobierno alemán dirigido por el canciller Schröder que puso en marcha una política de austeridad expansiva para enfrentar la recesión que sufría la economía alemana a principios de siglo. La austeridad se materializó en las reformas Hartz que crearon los mini-jobs y suprimieron los suelos en las pensiones públicas con el fin de acumular más recursos en las empresas exportadoras y hacerlas más competitivas. Como resultado Alemania tiene uno de los porcentajes más altos de la UE de trabajadores pobres y de jubilados en riesgo de pobreza. El complemento expansivo de la reforma lo puso en marcha Trichet desde el BCE con el recién puesto en circulación euro, llevando a cabo una política monetaria expansiva no justificada por los fundamentales de la Eurozona. Como resultado un virus monetario con origen en Frankfurt contagió de liquidez a todos los países signatarios del euro.
Los efectos en España fueron catastróficos. El centro sanitario nacional encargado de defendernos de los virus monetarios que provocan excesos de liquidez y burbujas de precios, el Banco de España, se puso de perfil y negó la burbuja inmobiliaria hasta los posos del último sorbo. Fueron años en los que el servicio de estudios del banco parecía saberlo todo de lo que ocurría en el mercado de trabajo -al que se señalaba como causante de todos los males de la economía española- y nada de lo que ocurría en el sistema financiero. Se desaprovechó una oportunidad histórica para desarrollar el insuficiente tejido productivo del país al contar por primera vez y simultáneamente con una moneda fuerte y tipos de interés bajos. En lugar de esto el PP malversó está gran oportunidad liberalizando el suelo y poniendo las bases de una burbuja inmobiliaria y en infraestructuras (autovías, potencia eléctrica, regasificadoras, aeropuertos provinciales, etc.) que dejaron endeudado al país y arruinarían las oportunidades de varias generaciones de jóvenes que, o abandonaron los estudios durante la burbuja porque entonces se podía trabajar de cualquier cosa y era muy fácil conseguir un crédito para comprar una vivienda; o cuando se incorporaron al mercado de trabajo por primera vez el estallido de la burbuja les dejó sin oportunidades. Durante los años del boom inmobiliario los españoles se compraron todos los coches de alta cilindrada que necesitaba vender Alemania para salir de su recesión y estos fueron también financiados con deuda.
Durante la crisis institucional del euro, Alemania impondría la política antieconómica de austeridad expansiva a las economías en caída libre del sur de Europa, pero esta vez sin política monetaria expansiva y a pesar de que las condiciones para la crisis de sobre endeudamiento las había generado en connivencia con el presidente francés del BCE. Los posteriores intentos de Draghi por desarrollar una política de expansión cuantitativa del balance del banco fueron, asimismo, permanentemente cuestionados por las instituciones alemanas incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE, afortunadamente sin éxito. Con estos cuestionamientos Alemania buscaba rentabilizar al máximo los grandes excedentes que acumulaba en la economía financiera procedentes de sus abultados superávits comerciales. Estos superávits, sin embargo, deberían haber sido reinvertidos en la economía real mediante un mayor gasto público, pero nuevamente Alemania logró que, a diferencia de los déficits públicos excesivos, los superávits comerciales no estuvieran sujetos a un brazo preventivo y punitivo. Y esto a pesar de que unos y otros son la cara de la misma moneda. En un gran Mercado Único, los déficits públicos de unos países son los superávits comerciales de otros. Posiblemente si el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos se hubiera aplicado de manera más equilibrada por la Comisión Europea, Alemania hubiera llevado a cabo una gestión más responsable de sus riesgos energéticos y ahora todos los países europeos no tendrían que hacer frente a una inflación tan elevada.
Por tanto, la nueva autonomía estratégica abre la oportunidad de repensar y reformular el modelo de crecimiento europeo y basarlo en la inversión, la cooperación entre países miembro, el desarrollo regional equilibrado en toda la UE, el respeto al medio ambiente y la mejora de las condiciones de trabajo y del reparto de la renta y la riqueza. Con este fin, no solo debe existir una regla de gasto adaptada a las condiciones económicas y de endeudamiento de cada país, sino también reglas de ingresos que fijen contribuciones fiscales mínimas para las grandes corporaciones en toda la UE -por ejemplo, un 15% sobre el beneficio contable- terminando con los territorios de baja fiscalidad. No es posible exigir a los países miembro cuentas públicas saneadas si simultáneamente no se termina con la deserción fiscal de las grandes corporaciones empresariales.
El tren del progreso vuelve a pasar por delante de España
El euro fue la última gran oportunidad perdida por España de dejar la periferia europea y acercarse más al centro. Afortunadamente las transiciones verde y digital y los fondos europeos para financiarlas habilitan una nueva gran ocasión que, esta vez, no se debería malversar. España se sitúa en una buena posición ante la crisis energética que se atraviesa. Sin riesgo de desabastecimiento a diferencia de otras economías europeas, en la Península Ibérica se ubica un tercio de la capacidad de regasificación de la UE, la conexión por gaseoducto con Argel es estable, hay una importante capacidad de refino de hidrocarburos, el peso de las renovables en el mix eléctrico supera ligeramente al de Alemania y en España ya se han cerrado las minas de carbón y pagado una cara moratoria nuclear.
España cuenta con importantes ventajas de partida que debería rentabilizar en dos direcciones. La primera es ahondando en la excepción ibérica. El objetivo no es tanto que el resto de Europa avance hacia un tope en el precio del gas -que también-, como que España siga profundizando en la excepción y avance hacia un sistema de fijación de precios de la electricidad consolidado dentro del marco europeo, que se aproxime lo máximo posible a remunerar a coste reales cada tecnología más una remuneración razonable. La segunda es aprovechar el momento de adaptación que se está produciendo en las leyes de competencia europeas a las necesidades de la economía alemana para utilizar los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para desarrollar las energías renovables mediante empresas u organismo públicos locales. Esto que parecía imposible conseguir de la tecnocracia europea hoy es factible por la guerra y el palpable cambio climático que han ampliado la ventana de Overton de lo políticamente correcto en el área económica. El desarrollo de renovables a través de empresas públicas se justifica por el fin de: (1) acelerar la transición verde sin el lastre de tener que remunerar al capital privado y transformar todo el excedente en inversión; (2) evitar en la generación renovable la reproducción del monopolio eléctrico actual; y (3) lograr un desarrollo equitativo que beneficie a todos los hogares independientemente de su nivel de renta. Actualmente, el autoconsumo y las comunidades energéticas presentan un fuerte sesgo negativo en términos de equidad.
A España le conviene seguir siendo una isla energética y convertirse en un polo de atracción de inversiones gracias a su energía limpia, barata y abundante. El escenario es posible si la acción política no se distrae en el desarrollo de nuevas infraestructuras de interconexión y se centra en lo importante. En este sentido, hace unas semanas Volkswagen anunció que podría trasladar producción de sus factorías del norte al sur ante las expectativas de cortes en el suministro de energía. A estas alturas el Gobierno ya debería tener claros los objetivos apuntados antes y estar pensando en el siguiente movimiento a realizar en el tablero. Este no es otro que responder a la pregunta de si cualquier actividad que se instale en el país es válida cuando no dentro de mucho se haya resuelto la restricción de la dependencia energética. ¿Permitiremos la instalación de empresas de minado de criptomonedas; de centros de procesamiento de datos consumidores de muchos recursos hídricos; de industrias energívoras sucias como las cementeras o alumineras?
Ley de vivienda y revolución digital
El otro gran proceso de cambio, además del replanteamiento del modelo de crecimiento europeo y la transición verde, es la transformación digital. Su éxito, aunque parezca paradójico depende de contar con una buena Ley de Vivienda que facilite su acceso a un precio asequible. Para desvelar esta relación hay que remontarse a las reformas agrarias que comenzaron en el siglo XVIII. Entonces había una gran productividad potencial embalsada en los agricultores que sabían cómo cultivar la tierra. Pero no podían explotarla porque el acceso a la tierra era muy caro. Su propiedad estaba en manos de grandes latifundistas y una gran parte ni siquiera se cultivaba, estaba -se decía- en «manos muertas». En los territorios donde las sucesivas reformas agrarias funcionaron mejor, los pequeños agricultores generaron excedentes con los que elevaron la educación de sus hijos y financiaron negocios industriales que fueron el germen de nuestra Revolución Industrial. El retraso histórico de algunas zonas de España se origina, entre otros motivos, por deficientes puestas en práctica de las reformas agrarias que no lograron sacar partido a la productividad potencial acumulada en los agricultores.
Actualmente vivimos una suerte de proceso paralelo. La Revolución Industrial es ahora la Revolución Digital. Los jóvenes son los nuevos agricultores; acumulan los conocimientos necesarios para sacar partido a los cambios en marcha. La reforma del mercado de la vivienda a través de una buena Ley, es el equivalente hoy a las reformas agrarias de antaño. El problema radica en que el acceso a la vivienda en propiedad o alquiler en España es tan caro (como la tierra cultivable antiguamente) y absorbe tantos recursos y esfuerzos de los jóvenes para poder realizar su proyecto de independencia personal, que no les queda dinero, ni tiempo, ni fuerzas para transformar el país. La propiedad de la vivienda no está tan concentrada como la tierra en el Antiguo Régimen, aunque los grandes tenedores son un fenómeno creciente, pero sí abundan las viviendas en «manos muertas» como entonces.
Además, una economía basada en viviendas caras deriva en una banca excesivamente especializada en el mercado inmobiliario y en la exigencia de garantías físicas para conceder crédito, cuando los negocios del futuro son cada vez más intangibles y requieren de otra valoración de riesgos. Asimismo, el gran capital patrio invierte en exceso en el ladrillo en lugar de en escalar negocios relacionados con la AI, robótica o digitalización.
Desgraciadamente la demoscopia electoral puede arruinar la posibilidad de contar con una buena Ley de Vivienda. En primer lugar, porque los propietarios de viviendas participan más en las elecciones que los inquilinos y, en segundo lugar, porque los primeros tienden a votar más al PP y al PSOE, mientras que los inquilinos votan -cuando lo hacen- a Podemos u otras opciones a la izquierda que defienden más sus intereses. Pero más allá de los efectos positivos del abaratamiento del acceso a la vivienda sobre el progreso productivo, la vivienda debe ser un derecho para todos, no solo los jóvenes. Con este fin, debe convertirse en una infraestructura pública más, como en su día se logró para la sanidad o la educación universales, la protección social en el paro, la vejez, enfermedad o situación de necesidad, o en las grandes infraestructuras públicas de carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Lograrlo requiere de valor y voluntad política, y de medidas como las planteadas en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda por CCOO y UGT.
