Los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial pusieron las bases del nuevo orden económico internacional para los países occidentales. Uno de sus principales hitos fue que los países europeos aceptaran el dólar como divisa rey sobre la que se referenciaría el resto. El dólar se convirtió así en el medio de pago aceptado en cualquier rincón del planeta y en la moneda de reserva internacional. Perdió la propuesta alternativa de Keynes de crear una moneda mundial, el bancor, controlada por la Sociedad de Naciones.
La aceptación por los países europeos de los términos del acuerdo fue rápida debido a la conmoción de la guerra que aún no había terminado y a las necesidades de reconstrucción que el plan Marshall financió. La fortaleza del dólar residía en su colateral, era la única moneda que se podía canjear por oro en un banco afiliado a la Reserva Federal. Pronto los sucesivos gobiernos estadounidenses empezaron a financiar la construcción del imperio norteamericano con el poder que les confería imprimir en exclusiva todos los dólares que quisieran. Como resultado, a principios de los setenta había miles de millones de dólares circulando por el mundo sin respaldo en el oro almacenado de Fort Knox. El dólar como el resto de monedas se había convertido tácitamente en una divisa fiduciaria más, es decir, su valor ya no estaba respaldado por algo material, limitado, escaso y muy demandado como el oro, sino solo por la confianza o crédito que las personas, empresas y gobiernos extranjeros tuvieran en el billete verde.
Que el rey desnudo quedara al descubierto encendió todas las alarmas en la Casa Blanca. Había un alto riesgo de que el dólar quedara desacreditado internacionalmente y sufriera una grave pérdida de valor. Las monedas fiduciarias se transustancian en algo valioso gracias a la fortaleza económica del emisor, su prudencia monetaria, la demanda de los agentes locales que deben pagar impuestos en la moneda del país y la demanda internacional de esa divisa. La economía estadounidense aún siendo la más potente del mundo a principio de los setenta no daba para justificar la trillonada de dólares emitidos sin respaldo en oro y el peligro de desestabilización económica e hiperinflación se hicieron muy reales. La cornucopia que había permitido financiarlo todo estaba a punto de averiarse.
La administración Nixon pronto dio con la solución: sustituir el oro por otro colateral igual de demandado y escaso, el petróleo. Para que la operación funcionase se convenció a los productores -fundamentalmente los países árabes- para que continuaran vendiendo el oro negro solo a cambio de dólares. Como contrapartida algunos obtendrían protección de EE.UU. y todos se beneficiarían de un petróleo que, a partir de entonces, sería mucho más caro. Los petrodólares permitirían mantener una demanda internacional de dólares permanente. Para echar a rodar y consolidar el cambio de colateral los norteamericanos «permitieron» que el cartel de la OPEP funcionara en 1973. El precio del petróleo se disparó empujando la demanda de dólares, el mundo entró en crisis y con la conmoción nadie volvió a preguntar por el oro de Fort Knox.
Sin embargo, el nuevo esquema de respaldo de la divisa verde tiene un importante ‘pero’. Como energía de origen fósil, el petróleo tiene importantes efectos colaterales negativos sobre el medioambiente. A esto se suma el carácter energívoro de los centros de datos sobre los que se asienta el futuro de la nueva economía digital. La progresiva sustitución del petróleo por fuentes de energía renovables para evitar el cambio climático y no detener el progreso digital, vuelve a poner en cuestión la fortaleza del dólar como ocurrió a principios de los setenta.
La administración norteamericana nuevamente tiene una solución. Los datos o mejor dicho la información -que son datos organizados-, de la que se suele hablar como el oro negro del siglo XXI, se convertirá en breve en el nuevo colateral del dólar. La información de calidad va a ser un insumo imprescindible y cada vez con mayor peso en todos los procesos de producción, la vida de las personas y la toma de decisión de los gobiernos. En particular, cuando se generalice la digitalización y la robotización de los procesos de producción y gestión administrativa. La información de calidad va a ser, asimismo, un bien escaso y caro pues estará controlada por unas pocas big tech, la mayoría norteamericanas, que cobrarán en dólares para mantener su demanda, posiblemente en una futura versión digital como criptodólar.
Las big tech controlan las redes sociales y los buscadores digitales más usados. Saben qué gusta por los likes, los retuits, los videos más vistos y las noticias más leídas que registran. Conocen por sus plataformas de venta online dónde se gasta una parte del dinero y podrían llegar a conocer todos los destinos del dinero dedicado al consumo si los bancos avanzan por el camino de dejar de ser plataformas de pagos gratuitas. Asimismo, saben cuáles son los movimientos de las personas gracias al GPS del móvil, cuánto tiempo están en un sitio y con quién lo pasan.
Frente a este panorama, el derecho a la intimidad en Europa está claramente amenazado, como ha puesto de manifiesto la recientemente invalidación por el Tribunal de Justicia de la UE del Escudo de Privacidad que daba soporte legal a la transferencia internacional de datos. La anulación se originó por una denuncia contra Facebook que, al igual que el resto de empresas estadounidenses, está obligada por las leyes de seguridad norteamericanas a dar acceso a sus registros a agencias estatales como el FBI o la NSA, lo que contraviene el derecho europeo. Pero la exposición va mucho más allá, las Administraciones Públicas españolas y de otros países almacenan algunos de sus datos en los centros de datos gestionados por empresas norteamericanas y, por tanto, son accesibles para las autoridades estadounidenses.
En breve, cuando se generalice la internet de las cosas, las big tech sabrán más de los ciudadanos de un país que sus gobiernos e incluso que el propio ciudadano, porque la nube no olvida y lo guarda todo. La pandemia ha servido para ver un atisbo de estos superpoderes. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, no ha sido quién mejor información ha ofrecido sobre movilidad de los residentes en España durante la pandemia, sino Apple y Google. Ellas han facilitado información de movilidad georreferenciada a los lugares que se visitan (bares, parques, trabajo, domicilio,…) o del medio empleado para desplazarse (caminando, conduciendo o en transporte público). Es decir, disponen de mejor información para predecir la evolución de los contagios, un asunto de salud pública por el que esta vez no han cobrado. El INE sí ha pagado, sin embargo, a las compañías telefónicas que le han facilitado los datos para construir su estadística de movilidad.
La información producida por las big tech tiene ya tanta fuerza que posibilita condicionar la democracia, como se comprobó con Cambridge Analytica. Y al que no se aviene a sus intereses se le empieza a amenazar con dejarle fuera del maná de la información. Google amagó recientemente con apagar su buscador en Australia, si el gobierno australiano persistía en el intento de cobrarle por la agregación de noticias generadas por los medios de comunicación.
Por el momento, el nuevo Golem de la información sigue creciendo, conectando bases de datos y ampliando sus sensores, ojos y oídos. Un ejemplo patrio y prosaico de lo que puede llegar a ser lo proporciona LaLiga nacional de fútbol profesional española que fue condenada, no hace mucho, por la Agencia de Protección de Datos a pagar una multa simbólica (250.000 euros, cuando factura 4.000 millones al año) por haber activado secretamente el micrófono del móvil de los usuarios de su app que estaban en un bar los días de partido para saber cuáles estaban emitiéndolo sin estar al corriente del pago de los derechos de retransmisión. El día que este Golem tome conciencia de su existencia y despierte, el petróleo habrá perdido todo su valor y el infodólar será el nuevo colateral que mantendrá su demanda.
